La VIOLENCIA COMUNAL en el PUEBLO INDIGENA de SAN JUAN EVANGELISTA de TOBOSI: Juicio Criminal por “FILICIDIO” contra CATALINA PEREZ, 1781

MSc. CLAUDIA QUIRÓS VARGAS, Historiadora

Por: Claudia Quirós Vargas (*)

(Nota del Blog ESPARZA MIA…: Paulatinamente, iremos rescatando y publicando artículos escritos por nuestra apreciada y recordada Historiadora, relativos, no solamente a nuestro Terruño, sino a América Latina en general).

RESUMEN

Con el presente estudio intentamos evidenciar que durante el siglo XVIII costarricense, y al interno de los pueblos indios, éstos protagonizaron entre otros, un tipo diferente de violencia, obviamente configurada durante dicho siglo por factores internos y externos, la cual hemos conceptualizado como violencia comunal.

De lo anterior deducimos que la violencia no es un problema exclusivo de las sociedades contemporáneas, aunque si es necesario destacar que el estudio de la violencia como problema social contemporáneo, ha sido abordado con gran propiedad por sociólogos y psicólogos, cuyo aporte teórico ha sido fundamental para nuestro trabajo, particularmente el concepto de “violencia estructural“, mismo que no ha permitido analizar la violencia comunal desencadenada en 1781 al interior del pueblo indígena de San Juan Evangelista de Tobosí, contra Catalina Pérez, a quien le siguieron un juicio criminal por filicidio, por haber dado muerte de una paliza a su hijo José Pascual de 12 años.

Aunque en el presente estudio abordamos los fenómenos de violencia comunal, a partir del análisis de caso, estimamos que tanto los procesos reales que causaron el infortunio de nuestra protagonista, como el desarrollo del juicio criminal contra ésta y la sentencia correspondiente, son susceptibles de generalizar entre los demás pueblos indígenas costarricenses asentados en el Valle Central durante el Siglo XVIII, que eventualmente afrontarán una situación, como la que nos ocupará en este trabajo.

Desde esta perspectiva es imprescindible reseñar algunos antecedentes relativos a la segunda configuración colonial de las Indias, destacando que con el ascenso de la dinastía borbónica a la corona española, se abrió una nueva era para las sociedades hispanoamericanas.

Lo anterior se evidencia, con las disposiciones iniciales efectivamente orientadas a retomar las colonial de ultramar a efecto de rentabilizar las economías coloniales, a partir de los abundantes recursos naturales existentes en Indias, que en las circunstancias históricas incluían a la población indígena. En coherencia con estos objetivos fueron suprimidas las encomiendas, lo cual, por un lado contrarrestó, el poder de los encomenderos, y por el otro posibilitó la subordinación directa de los pueblos de indios a la Corona, facilitando el control de sus actividades productivas por medio de un régimen tributario más efectivo. Lo cual es ostensible en la revitalización de las formas comunales y la adaptación de mecanismos de control político-religioso más eficaces: se replanteó la organización del cabildo indígena con mayor número de miembros (alcalde, regidores, mayor y menor, alguacil, escribano y mayordomo de comunidad) (municipal Cot, No.254, 1817: folio 1v) propiciando una estructura jurídica local con mayor capacidad de iniciativa y ejecución inclusive de castigar en la picota a cualquier miembro de la comunidad, abriéndose un peligroso espacio legal a la violencia comunal.

Complementariamente se oficializó la tenencia de las tierras comunales al concederle a cada pueblo su correspondiente Título Real, mismas que serían administradas directamente por cada cabildo (Cartago, No.2512, 1814, folios: 5-9 v.). Estas medidas le imprimieron mayor dinamismo a la comunidad y nuevas posibilidades en las actividades productivas, incrementando las rentas de las Cajas Comunales que aseguraban el pago del tributo a la Corona, la “ración” del fraile doctrinero y los fondos para los gastos comunales. Empero la política fiscal de la Corona, generó importantes modificaciones y contradicciones a la estructura tributaria: en 1739, la Audiencia dispuso que tributario y tributaria eran únicamente los y las que habían contraído matrimonio, los miembros del Cabildo fueron eximido de tributar, se aplicó el tributo mixto (dinero y especie de varios productos, incluyendo aquellos inexistentes en la comunidad) y se instauró un nuevo impuesto para la Armada de Granada (Cartago No. 428, 1740, folios: 1-5v.).

A partir de 1758 se resolvió que sólo a los varones de 18 a 50 años, sin distinción de su estado civil, les corresponderían tributar (Cartago, No.532, 1758, folios: 1.14v.).

A finales del siglo XVIII se evidenció el proceso de transformación protagonizado por las comunidades indígenas, que por lo demás mostraban las contradicciones del reformismo borbónico: en primer lugar las modificaciones del régimen tributario alteraron profundamente la organización productiva, y con ello a la estructura familiar y comunal: liberar del pago de tributo a los integrantes del cabildo, implicó la ruptura del sentido de comunidad; porque se creó un sector privilegiado al interior de cada comunidad, convirtiendo el cabildo indígena en una institución político-represiva local, cuyos integrantes devinieron en una verdadera élite al contar con el apoyo de los frailes doctrineros, quienes intimidados por la expulsión de los jesuitas asumieron una posición de encubrimiento y colaboración con las autoridades civiles.

De otro lado, mediante la acción del gobierno local (indígena) y su pleno control sobre las tierras comunales, se diversificó e incrementó la producción comunal, tanto agrícola como artesanal. Situación que aunada a otros factores contribuyó a fortalecer la identidad comunal y a reafirmar el sentido de pertenencia entre los indígenas de cada pueblo reducido.

Contradictoriamente, la exigencia tributaria en dinero o productos inexistentes en los pueblos, además de diversificar e incrementar la economía indígena, supuso la desviación de la fuerza de trabajo de los varones, en la búsqueda de sal, miel, cera, etc., dando pie a la desintegración familiar. La demanda tributaria de dinero en efectivo, el que obviamente era casi inexistente en las comunidades indígenas, coadyuvó a que el tributario fuera explotado por el sistema del peonaje por deudas, y también contribuyó a la desintegración familiar y comunal.

A pesar de estos vaivenes protagonizados por las sociedades indígenas durante el Siglo XVIII, se percibe un leve aumento poblacional, lamentablemente interrumpido por situaciones coyunturales como epidemias y catástrofes naturales, que irremediablemente causan hambruna entre los sectores empobrecidos de cualquier sociedad. Sin lugar a dudas, y pese al reformismo borbónico, la pobreza y en consecuencia la imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas, constituyeron la cotidianidad de muchos pueblos de indios durante el Siglo XVIII. Las circunstancias más tensas de esta cotidianidad, obviamente determinaron la desintegración y el surgimiento de la violencia, tanto familiar como comunal. Esta es la situación existente, en 1781, en San Juan Evangelista de Tobosí, pueblo indígena tributario de la Corona, aledaño a la Ciudad de Cartago.

Esta comunidad concluyó el Siglo XVII con una población de 50 vecinos (22 adultos y 28 menores) que integraban 12 familias (Cartago No.943, 1699: folios 59-62 v.).

En el siglo XVIII se inició en Tobosí con una población de 29 familias (Fernández, 1976:144). En 1747 se comunicó a las autoridades de la Audiencia que había un total de 83 vecinos asentados en los pueblos de Tobosí, Cot y Quircot (Fernández 1907:369). El padrón de Tobosí, correspondiente a 1776 reportó un total de 102 personas (71 adultos y 31 menos) distribuidas en veinte familias (Complementario No.3623, 1776: folios 1-1 v.). En 1771 fue azotado el Valle Central por una plaga de chapulines que arrasó con todos los cultivos (Bolaños y Quirós, 1981:13); y como reseñaremos más adelante, aún 10 años después no se habían recuperado las actividades agrícolas. Unos años antes de la declaratoria independentista, Tobosí contaba con un vecindario de 177 personas (Fernández, 1976:237).

En el marco de estos antecedentes y con base en la información obtenida del juicio criminal contra la indígena Catalina Pérez, natural y vecina del pueblo de Tobosí, por haberle dado muerte a su hijo Joseph Pascual, un niño de 12 años, nos interesa comprobar:

1) Que la violencia social no es un problema que se generó en las sociedades contemporáneas.

2) Que en las comunidades indígenas costarricenses del Siglo XVIII, existió la violencia familiar y comunal, y en su contexto se agredió brutalmente a las mujeres y a los niños.

3) Que en situaciones coyunturales de crisis (catástrofes naturales, epidemias y hambrunas), ayer como hoy, la violencia se desencadena con mayor fuerza y dramatismo entre los sectores sociales marginados y empobrecidos.

El concepto de “violencia estructural“, ha sido fundamental para orientar el análisis de este caso, el cual se define como:

Todas aquellas expresiones de la violencia que tienen su origen en las estructuras económicas, políticas y culturales propias de una sociedad determinada y que suelen caracterizarse porque la violencia ejercida sobre individuos y grupos adopta una cualidad impersonal, ya que es el resultado del funcionamiento de las instituciones que conforman la estructura de esa sociedad” (Solano 1996:35).

Con el propósito de verificar si esta definición de “violencia estructural” puede adaptarse al contexto de un caso de violencia comunal ocurrido hace 215 años en un pueblo indígena costarricense, procederemos a resumir la información del juicio contenido en un expediente de 19 folios, parte del patrimonio documental de los costarricenses que resguarda el Archivo Nacional, clasificado en la Serie Complementario Colonial con el No.6440, correspondiente a 1781. Al final de esta síntesis, destacaremos las manifestaciones, que de acuerdo a la definición de “violencia estructural“, pueden extraerse de este juicio.

En la mañana del 5 de agosto de 1781 fue interrumpida la cotidianidad de la vieja metrópoli cartaginesa con la llegada hasta la Plaza Mayor de una comitiva de indígenas procedentes del pueblo San Juan Evangelista de Tobosí. Dicho cortejo a la cabeza del Alcalde, quien junto con “otros vecinos principales” traían amarrada a la indígena Catalina Pérez, a la vez que portaban el cadáver de su hijo Joseph Pascual, quienes se presentaron ante el Gobernador para denunciar a Catalina del delito de filicidio porque:

…havia dado muerte a su hijo castigandolo colgado de una viga; y que parecía segun havian observado que lo havia quebrado por el espinazo” (Complementario No.6640, 1781: folio 1).

De inmediato se inició el juicio criminal contra Catalina Pérez para lo cual se dispuso, por parte del Gobernador que compareciera don Gregorio García, único profesor de cirugía residente en Cartago, para que “bajo juramento” reconociera el cadáver del niño, y dictaminara la causa de su muerte. Lo cual realizó éste en presencia del Gobernador y el Escribano, manifestando que:

…hallo todo su cuerpo acardenalado y molido a golpes de coyunda o reata torsida. Que el espinazo lo tenía partido por la cintura, que demostrava haverse quebrado por alguna ligadura que se conocia en redondo, y puedo ser de haverlo colgado por alli. Sobre el sentido derecho, como tres dedos detras de la oreja tenia un golpe que abrio llaga, el cual solo sin los antecedentes antes dicho, era suficiente para la muerte que experimentó” (Op. Cit: folios 1-2).

En vista de este dictamen se dispuso asegurar a la acusada en las Reales Cárceles del Cabildo, y que se iniciara la indagación de los testigos; quienes a partir del 6 de agosto comparecieron ante el Gobernador y el Escribano, y “bajo juramento por Dios nuestro Señor y una Santa Cruz según derecho“, declararon 10 indígenas de Tobosí, de los cuales ninguno sabía leer ni firmar.

El primero en declarar fue el Alcalde de 28 años, Miguel Bernardino Medina, detallando que pocos días atrás su suegro había denunciado a Joseph Pascual por haberle “robado” unas cañas.

Agregó que él habló con la madre del niño para que “lo recombiniera y pagara el daño“, pero éste reincidió y al ponerle nuevas quejas a Catalina, ella se llenó de soberbia. Por la noche de ese mismo día (3 de agosto), como era costumbre, se reunió el cabildo con el resto de la comunidad y el doctrinero, para rezar el rosario; como notaron que no había asistido Catalina con sus hijos, enviaron al Regidor Menor para que averiguara el motivo de dicha ausencia, y “acavara de determinar sobre el robo de caña”.

El Alcalde prosiguió su declaración, explicando que el Regidor volvió con Catalina denunciando que cuando él llegó a la casa de ésta, la encontró castigando a su hijo, el cual había quedado en el suelo casi muerto por la paliza. Al amanecer del día siguiente llegó la acusada hasta el cabildo para comunicar que había fallecido su hijo. En estas circunstancias se trasladó toda la comunidad hasta la casa de Catalina, para revisar el cadáver, reconociendo que el niño había muerto por golpes. Por su parte, el doctrinero comunicó que él no podía enterrar el cuerpo hasta que se le comunicaran los hechos la Gobernador y se estableciera la verdad:

y poderlo hacer con mayor individualidad llevo a presencia de todo el pueblo al Cabildo, puesta como acostumbravan al castigo de la coyunda, dijo y declaro que esa verdad que lo havia muerto vajo del castigo para quitar el perjuicio” (Op. Cit: folio 2v).

Continuó la declaración del Regidor Miguel Joseph Ramírez, de 34 años, agregando que cuando encontró a Catalina castigando a su hijo, notó que ésta tenía un pedazo de coyunda en la mano y que también observó un mecate colgado de una viga.

Los demás testigos declararon casi lo mismo, por lo cual nos limitaremos a mencionar sus nombres, edad y grado de parentesco con la acusada:

Nombre………………..Edad Cargo Parentesco con Catalina

Pedro León Reyes……..35 – Ninguno

Joseph A. Ramírez……..30 – Ninguno

Joseph A. Pérez………….25 – Hermano

Jesús Chacón………….….18 – Cuñado

Miguel Roque………….….42 – Ninguno

Joseph D. Roque…………18 Alguacil Menor Cuñado

Trinidad Ramírez…………50 – Ninguno

Felipe Codero…………..….49 – Ninguno

____________________________________________

(Op.Cit: Fls.2-6v)

Se acordó que el 22 de agosto se le tomaría declaración a Catalina, “…a quien reputandose por menor segun su calidad, y ser necesario por esta razon nombrarle defensor que la defienda y asista a verla jurar” (Op. Cit: folio 62).

De acuerdo con lo anterior, fue designado como defensor de la acusada por parte de la Real Justicia, el Alferez don Antonio de la Fuente, el cual prometió “usar su oficio bien, fiel y legalmente, sin fraude, dolo ni decidia“, se le concedió Poder y facultad para amparar a la acusada valiéndose de las Leyes que favorecen a los indígenas, sin que por su culpa esta quedara indefensa. De inmediato alegó el defensor que Catalina estaba muy enferma; se dispuso que el cirujano García procediera a examinarla, dictaminando que la rea:

…esta gravemente enferma de pujos y evacuación umoral” (Op. Cit: Folio 7v).

Hasta el 29 de agosto pudo declara Catalina, respondiendo a un interrogatorio de 14 preguntas, confesó tener 40 años, ser viuda; y negando que hubiera asesinado a su hijo, aceptó haberlo castigado por las quejas que le expuso el Regidor. Que sin haberlo hecho, lo admitió en el Cabildo y ante la comunidad, por el castigo de azotes que le propinaron. Detalló que guindó al niño de una cadena amarrado por las manos y que en esta posición lo golpeó con una coyunda durante media hora; añadió que luego del castigo, Joseph Pascual salió por sus propios pies hasta el solar, por hallarse con pujo. Que la única persona que presenció estos hechos, fue un hijo menor. Para concluir relató que su hermana Juana se mantuvo toda la noche calentando al niño, y viendo la gravedad de éste, fue donde el doctrinero para que viniera a confesarlo, y después llegó hasta donde el Alcalde a pedirle candelas y un bebedizo de “contrayerva“, pero no consiguió nada, el niño falleció al amanecer en presencia de ella y su hermana (Op. Cit: folios 8-9v).

De acuerdo a la gravedad de esta confesión se nombró a don Joseph Antonio de Oreamuno, como Promotor Fiscal, quien debería proseguir con las diligencias pendientes. Este ordenó la ratificación de los testigos, y particularmente, la declaración de Juana, la cual declaró tener 30 años y admitió ser hermana de Catalina, que ella llegó a media noche a curar al niño, pero que lo encontró muerto y arrimado al calor del fogón, mientras que su madre estaba lavando en el río; también negó las demás afirmaciones hechas por su hermana (Op. Cit: folio 10-10 v).

En esta etapa del juicio, se envió una copia de los autos iniciados, hasta la Audiencia, donde el Fiscal del Crimen ordenó a la Real Sala que el expediente fuera devuelto a Cartago, para que la causa se instruyera en la forma que correspondía a un crimen de esta naturaleza.

Tres meses después se presentaron los argumentos en favor de Catalina por parte de su Defensor, expresando que tanto la acusada como los testigos en su calidad de indígenas eran “menores de edad” y en consecuencia las declaraciones contra “esta infeliz y miserable yndia“, no merecían el crédito requerido para dar por hecho el filicidio que se le atribuía a Catalina:

… pues estando en el suplicio y amarrado llevando azotes… no queda duda que esta infeliz, por liberarse del cruel castigo que aquella Justicia estaba haciendo en ella, y berse libre, se acumulare el delito que no cometio. Aun entre gentes distinguidas y de toda razon, llegando a semejantes lanzes, por no berse en bochornos se echan las culpas que no tienen… No es creíble que una madre por tan leve delito como es el robo de unas cañas dulzes, en tiempo de la necesidad tan grande, que a vuestra señoria le consta, habia de bastimentos en toda esta Provincia, hubiese asesinado a su hijo… Que pecce al leve castigo, hay que recordar que por falta de viveres se hallaba aquel cuerpo debil, metio el accidente general que avia en la ciudad, de pujos de sangre y viruelas, y de ello se origino la muerte… pues de aquella peste murieron en aquel pueblo, en esta capital y en toda la Provincia innumerable almas” (Op. Cit: Folios 13-13 v).

Con base en estos argumentos de la Fuente solicitó la plena libertad de Catalina, lo cual rechazó el Promotor Fiscal; por un lado subrayando la gravedad del delito, y por el otro, argumentando que en juicios como el que se estaba ventilando, los y las indígenas podían ser habilitados jurídicamente como testigos, siempre que tuvieran más de 12 años. Le suplicó al Gobernador que como juez de esta causa, se aplicara el castigo correspondiente para:

… que assi quede satisfecha la Vindicta Publica, le sirva de escarmiento y queden ejemplarizados todos los demas”. (Op. Cit: folio 13 v).

Después de estas alegaciones y peticiones de las partes involucradas, el Gobernador dio por concluidos los “autos criminales“. A partir de este auto con fecha 24 de noviembre, el juicio que se venía instruyendo en los tribunales de Cartago, trascendió los límites jurisdiccionales de nuestra Provincia, para ser sometido a todas las instancias penales de la Audiencia de Guatemala, y donde recibiría la sentencia definitiva.

En Guatemala, 24 de diciembre, el Asesor Letrado determinó que este delito era de aquéllos:

… que habla la Ley 16, título 23 de la Partida 3a y otras de nuestro derecho patrio” (Op. Cit: folio 15).

Por lo cual dictaminó que Catalina debería ser condenada a las costas y a la pena ordinaria que corresponde al delito de “parricidio“. Este dictamen fue conocido, aprobado y publicado en los tribunales de Cartago, el 22 de enero de 1782. El expediente fue otra vez devuelto hasta Guatemala, donde el 6 de mayo de 1782 el Supremo Tribunal condenó a Catalina Pérez:

… En cincuenta azotes que le seran dados en la picota y quatro años de reclusión en la carcel de mujeres” (Op. Cit: folio 16 v).

Aparece en los autos la figura del Procurador y Abogado de los Pobres, quien interpuso recurso de apelación ante el Fiscal del Crimen, quien no estuvo de acuerdo en:

… libertar a esta tirana madre de un severo castigo capaz de contener a aquellos yndios en la barbarie con que acostumbran” (Op. Cit: folio 17v).

Ni en Cartago ni en Guatemala, tuvieron efecto los argumentos del Defensor o del Procurador de Pobres, y el castigo contra Catalina fue ejecutado tal como lo dispuso el Fiscal del Crimen.

Así consta en la parte inferior del margen izquierdo en el último folio del documento que a la letra dice:

Cartago y julio 1 de 1782. En este dia doy fe el haver ejecutado la sentencia anterior en la yndia Catalina Pérez como esta prevenido” (Op. Cit: folio 19).

No nos corresponde analizar los aspectos legales de este juicio (lo cual es campo para los especialistas en Derecho Indiano); en el mismo sentido debemos subrayar que no nos interesa determinar si Catalina Pérez fue culpable o no; lo cierto es que a lo largo del juicio fue ostensible la violencia institucionalizada, en la medida que todo el proceso se desarrolló en el contexto del Derecho Indiano, representado por un aparato político-represivo, e integrado por diversas instancias, pero que en un momento dado manifestaron distintos grados de violencia.

A. DIMENSION POLITICA

1) Contra Catalina

2) En favor de Catalina

AUDIENCIA ¯ DE GUATEMALA = Supremo = Fiscal del = Asesor Abogado Tribunal Crimen Letrado de Pobres¯ El Defensor

CARTAGO = El Gobernador = El Escribano = Carcelero y Verdugo

TOBOSI = El cabildo indígena = La Comunidad = El fraile doctrinero

Nótese que la dimensión política fue extremadamente violenta y diversa, contrastando con la débil y legalista participación del Defensor y del Abogado de Pobres.

B. DIMENSION ECONOMICA Y SOCIAL

Encontramos a una comunidad convulsionada por las hambrunas y la peste de viruela. Y como parte de ésta a Catalina Pérez absolutamente sola, pobre, viuda y enferma, cuyo hijo adolescente se robó unas cañas dulces para saciar el hambre y la sed, provocados por la diarrea.

Tratamos de conocer más a fondo, ¿quién fue en realidad Catalina Pérez? Según la edad que ésta reportó, parece que nació en 1741 y que muy joven casó con el indígena Juan Roque: de acuerdo con el registro de bautizos, procreó seis hijos: Manuel Francisco (1765), Joseph Pascual (1769), Francisco (1770), Pedro Joseph (1773), María Josepha (1776) y Joseph Agustín (agosto de 1979) (Libro I de Bautizos, 1738-1832: folios 1-3v). Tal parece que Joseph Agustín fue un hijo póstumo, porque su padre falleció dos meses antes de su nacimiento (Libro Defunciones de Tobosi, 1738-1852: folio 21v). La hambruna, la viruela y el infortunio, aniquilaron la familia de Catalina, en julio de 1781 murieron sus hijos Pedro y María, en agosto Joseph Pascual, Francisco en 1780 y Manuel Francisco en 1784 (Loc.cit).

Es poco lo que conocemos acerca del final de Catalina Pérez, deducimos que falleció a principios de 1788, según consta en un Padrón de ese año, Joseph Agustín de 8 años y medio es el único sobreviviente de la familia, se registró como huérfano y a cargo de Jesús Medina (Cartago Colonial No.843, 1788: folio 9).

C. DIMENSION CULTURAL

Es notoria la desintegración familiar comunal, al asumir tanto el vecindario como familiares, una actitud hostil contra Catalina. Lo cual evidencia el proceso de aculturación y deculturación que modificaron los valores inherentes a las comunidades indígenas del siglo XVIII.

LITERATURA CITADA

  • ARCHIVO ARQUIDIOSESANO DE COSTA RICA. 1738. 1832. Libros de Bautizos, Matrimonios y Defunciones de Cot, Quircot y Tobosí.
  • ARCHIVO NACIONAL DE COSTA RICA. Serie Cartago. Serie Complementario. Serie Municipal Tobosí.
  • BOLAÑOS, M. y C. QUIROS. 1981. Consecuencias socioeconómicas de las Reformas Borbónicas en un pueblo de indios: el caso de Cot. Vínculos, 7(1,2):9-17.
  • FERNANDEZ, L. 1976. Historia de Costa Rica durante la dominación española: 1502-1821. Biblioteca Patria 7. Editorial Costa Rica, San José.
  • FERNANDEZ, L. 1907. Colección de Documentos para la Historia de Costa Rica. T. IX. Imprenta Viuda de Luis Tasso, Barcelona.
  • SOLANO, M. 1996. Aportaciones de la Sociología Clásica para la Comprensión de la violencia estructural. Revista Reflexiones, 42:35-49. Editorial UCR.

.

* * * * * * *

(*) MSc. CLAUDIA QUIRÓS VARGAS

  • Investigadora, Docente, Catedrática de la Escuela de Historia Y Geografía de la Universidad de Costa Rica
  • Premio Nacional de Historia “Aquileo J. Echeverría” 1991
  • Hija Predilecta del Cantón de Esparza (2000)
  • Presidente de la Asociación para el Rescate y Desarrollo del Cantón de Esparza.

 .

FUENTE:

http://reflexiones.fcs.ucr.ac.cr/documentos/57/la_violencia.pdf

Anuncios

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s